Impuestos Verdes y Reforma Fiscal Ambiental: Oportunidades y Desafíos en América Latina

El cambio climático ha transformado por completo la manera en que percibimos el mundo. Para mitigar sus efectos, desde hace varias décadas, los seres humanos nos hemos visto obligados a repensar cómo consumimos y producimos en nuestro día a día. En este contexto, los Estados han tenido que tomar decisiones importantes en sus políticas, colocando la cuestión medioambiental en el centro. Un ejemplo de esto es la reforma fiscal ambiental, definida como una gama de instrumentos impositivos o de precios que pueden aumentar la recaudación, al mismo tiempo que promueven objetivos ambientales (OCDE, 2017). De manera más específica, también existe el concepto de los impuestos verdes, que se definen como tributos cuya base imponible es una unidad física (o un sustituto de ella) que tiene un impacto negativo específico y comprobado en el medio ambiente (CIAT, 2024).

Al abordar estos conceptos, es fundamental no caer en el error de creer que la tributación ambiental se limita únicamente a una mayor carga impositiva sobre los contribuyentes. Aunque los impuestos juegan un papel importante, también existen incentivos que pueden reducir la carga fiscal o incluso recompensar actividades beneficiosas para el medio ambiente.

A pesar de que este tipo de políticas ha tenido un impacto significativo en algunos países, su relevancia varía en la región. Por ejemplo, en República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Uruguay, los impuestos ambientales representaron entre el 1,7% y el 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021. En contraste, en países como Ecuador, Panamá, Perú y El Salvador, estos impuestos son mucho menos significativos en términos del PIB (CIAT, 2024). Este contraste resalta la necesidad de adaptar las políticas fiscales ambientales según las condiciones y prioridades de cada jurisdicción.

En cuanto a los tipos de tributos ambientales implementados, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias señala que estos se dirigen principalmente a la energía, afectando la generación, distribución y uso de combustibles fósiles, así como el consumo de carbono y otros gases de efecto invernadero. Además, los impuestos sobre los vehículos automotores han sido una tendencia importante, no solo en la importación y exportación de vehículos, sino también en los servicios de entregas a domicilio, que ya están siendo gravados en algunas jurisdicciones. Finalmente, en la categoría residual de "Otros", encontramos impuestos específicos para productos con impactos medioambientales importantes, como fertilizantes, desechos plásticos y la gestión de residuos (CIAT, 2024).

Aunque en América Latina los impuestos verdes aún no tienen un papel preponderante en la política fiscal, la tendencia global hacia su implementación es cada vez más fuerte. Las compañías deben considerar este aspecto de cara al futuro, sobre todo en cuanto a cómo desarrollan sus actividades económicas y el impacto que estas tienen en el medio ambiente. La tendencia es clara: aquellas industrias que no se alinean con la lucha contra el cambio climático están siendo desincentivadas con cargas tributarias más altas debido a la contaminación que generan.

Un ejemplo claro de una industria altamente fiscalizada, debido a los daños que genera al medio ambiente, es la extractiva; misma que se conforma de aquellas actividades primarias que se relacionan con la extracción de recursos no renovables (UNCTAD, 2007). Para las empresas que participan en este sector, existen dos tipos de tributos: (i) el primero recae sobre el ejercicio de las actividades extractivas, cuyas rentas generadas son gravadas, a veces incluso en forma de regalías al Estado; y, (ii) el segundo está dirigido a impuestos selectivos sobre los productos resultantes de estas actividades, siendo los impuestos a los combustibles fósiles el principal ejemplo.

Como se mencionó al inicio, la tributación ambiental no se limita a impuestos ni tiene como único objetivo desincentivar actividades que empeoren el cambio climático. También existen acciones que pueden conllevar exoneraciones fiscales significativas. A continuación, algunos ejemplos de las medidas adoptadas en América Latina:

Desde principios del siglo XXI, diferentes países han implementado mecanismos de política fiscal ambiental. Un caso destacado es Brasil, que adoptó un esquema de incentivos tributarios basado en el principio de "quien contamina paga". De acuerdo con el informe “Inventario de Instrumentos Fiscales Verdes en América Latina”, este esquema aplica impuestos específicos a actividades que no cumplen con los estándares de calidad ambiental. Además de los impuestos, se han creado tasas que financian actividades de control y fiscalización ambiental, como las aplicadas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (CEPAL, 2016). Estas tasas no solo gravan las actividades contaminantes, sino que también promueven el uso sostenible de los recursos naturales.

Siguiendo esta misma línea de protección ambiental, Costa Rica ha adoptado medidas similares para el uso eficiente de los recursos hídricos. Según el “Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente”, el país implementó un canon que refleja el verdadero valor del agua, con tarifas diferenciadas para agua superficial y subterránea. Antes de esta medida, el costo del agua era insignificante; sin embargo, ahora se ha ajustado para incentivar su conservación y uso responsable (PNUMA, 2010).

Costa Rica también ha buscado  fomentar el uso de energías renovables y transporte sostenible, mediante la promulgación de la “Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía”, que autoriza exenciones sobre diversos impuestos a equipos energéticamente eficientes, y la “Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico”, que otorga beneficios fiscales para la compra de vehículos eléctricos, cada vez más utilizados por las empresas en sus actividades productivas. Costa Rica ha tomado un liderazgo significativo en la producción limpia de energía, alcanzando una producción sustentable del 99% (ICT, 2019), y ha visto un aumento notable en el número de vehículos eléctricos, que pasó de 3,300 en 2020 a 19,005 en agosto de 2024 (MINAE, 2024).

En Colombia, se creó una exención del Impuesto al valor agregado (IVA) para la compra de equipos y elementos, tanto nacionales como importados, utilizados en la construcción, instalación, montaje y funcionamiento de sistemas de control y monitoreo ambiental, lo cual resulta útil para compañías interesadas en un consumo más consciente. En Ecuador, a pesar de ser uno de los países con menor política de tributación ambiental, se permite una deducción adicional del 100% de la depreciación anual de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la producción limpia y uso de energías renovables.

De todo lo anterior, se observa una tendencia clara en la región latinoamericana a incluir la materia medioambiental en la política fiscal. Esto puede afectar a distintos sectores de manera directa o indirecta, influyendo en los productos y maquinaria utilizados en el desarrollo de actividades económicas. Aunque implica retos importantes para muchas empresas, también representa una oportunidad para iniciar un proceso de transición hacia un mundo más solidario y colaborativo en la lucha contra el cambio climático, considerando los importantes incentivos fiscales en diversos países de la región. Es fundamental que los sectores estén atentos a las reformas fiscales verdes, recordando que cualquier decisión en el ámbito de la tributación ambiental debe tener como objetivo principal beneficios medioambientales, y no simplemente aumentar la recaudación o beneficiar a sectores específicos sin una justificación adecuada. El objetivo final debe ser la búsqueda de sociedades más sustentables y ecológicamente responsables.